La iniciativa pretende la modificación de la ley de autonomía personal para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social. Con Luis Cayo hemos conversado para conocer más detalles de esta iniciativa, la primera de este género que impulsan las personas con discapacidad en nuestro país. 

 

Hay más información en noalcopago-ilp@cermi.es

 

Coincidiendo con el comienzo de año 2015, todo el sector social de la discapacidad se moviliza para la consecución de las 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, españoles, y con todos sus derechos políticos, necesarias para que prospere la iniciativa legislativa popular de modificación del copago y pueda llegar al Congreso de los Diputados para su admisión en su caso y posterior debate.

 

La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales que en desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.

 

¿Por qué el CERMI impulsa esta ILP contra el llamado copago en dependencia?

 

Expliquemos primero qué es eso del copago. El copago es lo que la persona usuaria de un servicio o recurso público ha de satisfacer económicamente para obtenerlo. La parte que ha de aportar a cambio de recibirlo. Esto existe en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, por principio y desde el primer momento. El copago llega a ser confiscatorio cuando exige a la persona usuaria que aporte casi todo lo que tiene de capacidad económica para recibir el recurso. Si reparamos en que hay copago de hasta el 90 %, se entenderá por qué hablamos de incautación. Todo o casi todo lo que tiene la persona de destina a un mismo fin, y si no lo aporta, no lo obtiene. Más que de un derecho subjetivo proporcionado por un dispositivo público, habría que hablar de compra de un derecho, es decir, de mercado puro y duro, y eso ya existía antes de la Ley. Como nos parece injusto y devastador para personas en situación de grandes necesidades de apoyo, promovemos la reforma de la Ley a través de la iniciativa legislativa popular, mecanismo establecido en nuestra Constitución.

 

¿Qué consecuencias está generando para personas con mayor dependencia?

 

Lo que está ocurriendo ahora, personas con discapacidad y personas mayores expulsadas de este sistema de protección social por imposibilidad de hacer frente a sus exigencias económicas exorbitadas. Y en el futuro, me temo, que rechazo al sistema y a lo que significa, ni siquiera se acercarán al mismo, por sentirlo inamistoso y hostil.  Actuarán como si no existiera, dejados a su suerte.

 

Valgan algunos ejemplos gráficos. Persona con “gran dependencia” (aunque la terminología “dependencia” al mundo de la discapacidad no nos gusta en absoluto), de entre 25 y 35 año, por ejemplo una persona con tetraplejia, que recibe servicio residencial del sistema, que trabaja, quizás su primer empleo, pues esta persona tendría que aportar el 90 % de sus recursos como copago. Se quedaría con un 10 %, con el que afrontar el resto inmenso de otras necesidades de su vida, viviría para su prestación, y con un horizonte de décadas por delante, no tendría margen económico para el resto de cosas valiosas en que consista la vida. Eso no es liberación ni apoyo, es servidumbre y cadena.  

 

Esta medida implantada por las Administraciones nos revela que el sistema de gestión de la dependencia no funciona y hay que cambiarlo.

 

Decepcionante, la verdad, así calificamos el sistema creado en 2007. La sensación es de amargura, de oportunidad desperdiciada. Muchas palabras, huecas, y pocos hechos positivos.

 

Mucha de nuestra gente tiene la opinión  de haber sido estafada, de esperar algo que nunca llega. Pero en el movimiento de la discapacidad somos constitutivamente optimistas, nos sobreponemos a lo más sombrío, y pensamos que hay remedio y que el sistema se puede reorientar, que se puede reconducir, en esas estamos. Como no nos resignamos, y como tampoco solo nos indignamos, actuamos, y planteamos una salida, una acción cívica que conecta con algo tan revitalizante como que la ciudadanía participe activamente en los asuntos públicos; que se haga oír y sea escuchada. Proponemos que la equidad presida el sistema para la autonomía y la dependencia

 

¿Qué cambios habría que abordar en los artículos 14 y 33 de la Ley de Autonomía Personal para que el copago fuera equilibrado?

 

Nuestra iniciativa legislativa popular la hemos centrado en la cuestión del copago, que es la más sangrante. Podíamos haber planteado muchos más cambios, pues la Ley el modelo están muy lejos de ser perfectos, pero hemos preferido ir a lo más doloroso e injusto, el dichoso copago. Proponemos un mínimo exento, 2,5 IPREM, es decir, quien no alcance esa capacidad económica no tendría que copagar, y límites del 60 % como máximo, para que a la persona, en el entorno más intenso de protección, siempre le quede una parte para su economía personal. Además, y esto es de enorme relevancia, que estos criterios estén en la ley nacional y por tanto sean aplicables a todos los territorios, para asegurar la igualdad real y efectiva, sin agravios por razón de residencia, en esta o en otra Comunidad. Las Comunidades solo podrían apartarse del régimen común e igual para mejorarlo, solo para eso. El objetivo último es la gratuidad, que tendrían que establecer las Comunidades Autónomas, pero eso sería la segunda fase.  

 

¿Cómo se ha resuelto en otros países este asunto tan complejo?

 

No hay respuestas uniformes. Europa, por referirme a lo más cercano, carece de un modelo social homogéneo; cada país responde a su manera, depende de su nivel de riqueza, de su tradición en cuestiones de protección social, de la solidez de sus convicciones en lo relativo a las políticas públicas sociales, etc. Hay variedad de sistemas y dispositivos, y la comparación se hace difícil. Lo que sí cabe afirmar es que España está muy por debajo de lo que le sería exigible, puede hacer bastante más de lo ha hecho en términos de esfuerzo país.

 

¿No temen que una vez recogidas las firmas, la ILP, al igual que paso con el tema de las hipotecas se desactive?

 

Existe ese riesgo. Creemos honradamente que sí, que lograremos el objetivo, si no, no lo plantearíamos. El copago -la verdad es que no hay datos reales, actuales y fiables de lo que supone, lo que pone en evidencia al sistema, que en la sociedad de la información, no tengamos datos de algo que nació ayer mismo- es solo una aportación residual al sistema, no es en absoluto la base financiera del mismo, es un añadido. Lo que se añade, puede ayudar, pero no puede sostener, el sostenimiento vendrá del esfuerzo público. Pero ese añadido, hace un daño terrible a quien lo padece; permítaseme el juego de palabras, no es “vital” para el sistema, pero es “mortal” para quien lo sufre.

 

Más que un instrumento recaudatorio, el copago ha de ser un factor de moderación y corresponsabilización. Así lo entendemos. España como país, aun en tiempos de crisis, puede y debe permitirse apoyar a las personas en situación de dependencia.  

 

Serán el nuevo Parlamento y el Gobierno que surja del mismo -tras las elecciones de noviembre o diciembre próximos- los que tengan que hacer frente a esta demanda, a esta iniciativa legislativa popular, si fructifica, claro; no sabremos que escena política, qué correlación de fuerzas nos depararán esos comicios, pero el movimiento de la discapacidad habrá puesto en la agenda política un asunto ineludible, que habrá que afrontar. Si no están a la altura del desafío, les pasará factura.

 

 

Enlace a la entrevista en Lawywepress